La jueza Sandra Arroyo Salgado dispuso que se paralicen las obras de la urbanización Venice Ciudad Navegable hasta tanto el estudio de impacto ambiental sea aprobado por la Provincia. También mandó detener nuevas urbanizaciones en los municipios que estén sobre el Río Luján y el Delta del Paraná que requieran obras hídricas.
En una resolución que se conoció el viernes 1 de julio, la jueza Sandra Arroyo Salgado, a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de San Isidro N°1, ordenó clausurar preventivamente las obras de la urbanización cerrada Venice Ciudad Navegable hasta tanto el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) apruebe el estudio de impacto ambiental sobre el emprendimiento.
Si bien la Municipalidad de Tigre aprobó un estudio de este tipo para Venice en 2012, desde 2009 en la Provincia de Buenos Aires es obligatorio que "todo proyecto que conlleve una o más tareas u obras de endicamiento, embalses y/o polders, dragados, refulgados, excavaciones, creación de lagunas (...) serán sometidos a un proceso de evaluación de impacto ambiental por la Autoridad Ambiental Provincial…".
A su vez, también le ordenó a la Municipalidad de Tigre que no le dé autorización al desarrollo Remeros Beach a comenzar las obras hasta tanto no tenga las habilitaciones correspondientes, entre las cuales se encuentra justamente la necesidad de tener un estudio de impacto ambiental aprobado por la OPDS.
En el mismo edicto, Arroyo Salgado también le ordenó a las municipalidades de Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Luján, Exaltación de la Cruz, Campana, San Andrés de Giles, General Rodríguez, Mercedes, Suipacha, Pilar, Escobar, Moreno, José C. Paz y San Antonio de Areco no dar inicio a ninguna urbanización o ampliación que contemple obras hídricas, tales como embalses, dragados, derivación de cursos de agua, modificación de costas, desagües naturales o creación de lagunas, hasta tanto no se completen una serie de pericias ordenadas por el fiscal federal Rodolfo Fernando Domínguez.
Esta última medida se da en el marco de una causa iniciada en 2012, la cual busca determinar cuál es la incidencia de los barrios y las urbanizaciones cerradas en las inundaciones que han castigado la zona en los últimos años, causando destrozos e inclusive muertos.
Las medidas dispuestas por Arroyo Salgado llegan prácticamente en simultáneo con un fallo del juez Luciano Enrici, del Juzgado Contencioso Administrativo N° 2 de San Isidro, el cual manda a la municipalidad de Tigre y a la provincia de Buenos Aires a proveerle servicios básicos a las casi 800 familias que residen en el asentamiento El Garrote, que linda justamente con Venice.
El dictamen de la justicia le ordena así al intendente Julio Zamora y a la gobernadora María Eugenia Vidal otorgar los servicios urbanos básicos: limpieza y saneamiento del Río Luján, acceso a agua potable gas, y provisión de un adecuado sistema de desagüe, en un plazo de entre 60 y 120 días.
Esta resolución deriva de una denuncia realizada en 2014 por los residentes del barrio Almirante Brown, el nombre formal del asentamiento, que fue patrocinada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). En ese momento se hicieron además otras dos denuncias que aun esperan resolución por parte de la Justicia.
Una de ellas, realizada contra la municipalidad de Tigre, la provincia de Buenos Aires y la desarrolladora TGLT, a cargo de la construcción de Venice, busca recabar toda la información que exista sobre el proyecto, a fin de tener los detalles de cómo se concibió y desarrolló la obra y así evaluar los posibles efectos negativos que pueda tener sobre El Garrote. La última denuncia apunta a que se cumpla la Ley de Acceso Justo al Hábitat, sancionada en 2012 y reglamentada en 2013, la cual manda a los grandes desarrollos inmobiliarios a ceder 10% de su terreno para la construcción de viviendas sociales.
Según Eduardo Reese, director del área de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del CELS, todas estas medidas son evidencia que vienen a ratificar que el modo actual de pensar el territorio está agotado. "El urbanismo contemporáneo se sostiene sobre dos premisas centrales, como son la equidad y la sustentabilidad. En este sentido, ese necesario hacer un replanteo profundo de la manera en que se gestionan este tipo de desarrollos, con una mirada menos elitista y más consciente de su impacto en los recursos naturales", acotó.
