Hace un mes se realizó un cónclave minero en la provincia de San Juan, organizado por las empresas mineras transnacionales conjuntamente con la Fundación DAR que dirige Pepe Scioli, hermano del candidato presidencial Daniel Scioli. Este último y su compañero de fórmula, Carlos Zannini, fueron los invitados estrella junto con los gobernadores de las provincias que forman parte de la Organización Federal de Estados Mineros (OFEMI). Las grandes empresas, entre ellas Barrick Gold, Panamerican Silver, Yamana Gold, presentaron 10 puntos a los candidatos del oficialismo, exigiendo garantías “para fortalecer al sector”. Entre otros puntos, se destaca la pretensión de avanzar con la megaminería en aquellas provincias donde existe resistencia popular, fundamentalmente en Córdoba, Chubut, Mendoza y La Rioja.
Scioli realizó promesas y señaló que “la minería generará millones de dólares y trabajo”, contradiciendo a la propia realidad que muestra que allí donde se instala la megaminería sólo quedan territorios contaminados, promesas de trabajo que nunca se cumplen, economías regionales devastadas, recursos saqueados, conflictividad social y multinacionales enriquecidas. Habló también de una “minería sustentable”, lo cual en realidad es un oxímoron creado por los departamentos de marketing de las grandes empresas mineras para ilusionar y confundir a las poblaciones.
Un dato elocuente del encuentro fue la participación de Rosana Bertone, la gobernadora electa de Tierra del Fuego, provincia donde existe una ley que prohíbe este tipo de minería. La futura gobernadora ya anticipó cual será su política, prometiendo que incorporará la provincia a OFEMI.
Esta nueva arremetida del sector minero coincide con la publicación de la Encíclica papal “Laudato Si”, un poderoso documento de ecología política. Hay que reconocer el valor que tiene esta verdadera Eco-Encíclica: crítica fuerte al consumismo, al desarrollismo, a la tecnocracia, al mundo financiero y a la creciente privatización de la naturaleza. La encíclica aboga además por el respeto a otros saberes y culturas, por el comunitarismo; reivindica las luchas sociales, la ecología de saberes, la deuda ecológica del Norte para con los países de Sur, la naturaleza como sujeto ... En fin, un manuscrito que sin tapujos, y con el lenguaje de los movimientos sociales, denuncia los modelos de maldesarrollo que padece gran parte del planeta, especialmente nuestra región.
Pese a que todo el establishment peronista peregrinó por el Vaticano para sacarse fotografías con el Papa Francisco, y todos buscan el modo en cómo utilizar su figura en campaña, la encíclica fue prácticamente ninguneada. Por su parte, Mauricio Macri recomendó su lectura, algo que pareciera no hizo él mismo, ya que cuando se refiere a estos temas no sólo repite el engañoso eslogan de “minería sustentable”, sino que además pretende ocultar que él es el principal responsable del gravísimo retroceso socio-ambiental en la ciudad de Buenos Aires. Asimismo, Sergio Massa, en sus ya famosos spots con tonadas regionales, prometió una política de doble estándar: “impulsar la minería” en San Juan y “cuidar el agua” en Mendoza. Los otros candidatos, sean de izquierda o progresistas, si bien -en parte- acompañan las luchas socioambientales, poco proponen en términos de alternativas al modelo extractivista, ignorando la ingente bibliografía y propuestas sobre estos temas en la región.
Así, mientras los candidatos se sitúan entre el cinismo y la ignorancia, las asambleas ciudadanas que vienen resistiendo el extractivismo en diferentes lugares del país proclaman que “gane quien gane aquí no habrá megaminería”, anticipando la conflictividad social que se avecina, como consecuencia de los nuevos embates de las empresas y los gobiernos para avanzar sobre los territorios sin licencia social.
En este contexto, hay que señalar que acaba de consumarse un hecho de extrema gravedad, inadvertido por la agenda mediática-política. El 1° de agosto empezó a regir el nuevo Código Civil y Comercial y con él se perdió el acceso público a todos los ríos del país. En efecto, a través de la modificación de un artículo del actual Código se eliminó el camino público de 35 metros que existía en ambas márgenes de los ríos del país y que permitía su uso y goce por la población. Así, de un plumazo se realizó la mayor privatización de tierras de la historia de nuestro país (aproximadamente 208 mil hectáreas, más de 10 veces la Ciudad de Buenos Aires) en manos de la especulación inmobiliaria que demuestra cada vez mayor poder de control sobre los poderes políticos.
Por Maristella Svampa y Enrique Viale
Socióloga y escritora y abogado ambientalista, respectivamente
