Diputados y Senadores oficialistas están acordando con el Poder Ejecutivo la regulación del uso del suelo y los agroquímicos, dos temas delicados. Buscan consensuarlo con los legisladores de la oposición para avanzar en políticas de Estado.

Las Cámaras de Diputados y Senadores de la Nación, en conjunto con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y el resto de los actores sociales del sector, debatirán este año una serie de proyectos específicos que implicarán cambios en la forma de la agricultura, la ganadería y la biotecnología aplicada de nuestro país.

Propuestas como la de una Ley de Semillas, de regulación del uso suelo doméstico o de agroquímicos como el glifosato, leyes de promoción de cultivos regionales o de ganadería en suelos áridos y semiáridos, y hasta proyectos de segmentación y compensación de las retenciones circulan y se debaten en ambas Cámaras. Existen variantes y divergencias ideológicas en los proyectos, y en algunos casos incluso hay divisiones entre los propios bloques de legisladores. Desde el Ministerio de Agricultura y las Cámaras prometen un debate abierto a las entidades representativas para consensuar los intereses y producir la legislación más apta.

La mayoría de los proyectos más comprometedores se encuentra en la Cámara de Diputados, esperando conseguir cierto consenso, aunque los diversos partidos todavía no se han puesto de acuerdo sobre la legislación óptima. El punto de disputa más polémico es el de la Ley de Semillas, acerca de la cual el kirchnerismo todavía no tiene proyectos presentados, sino que busca un análisis más amplio en conjunto con el Ministerio de Agricultura.

Por un lado, hay un proyecto del radicalismo que presentó Juan Francisco Casañas, un agrodiputado de la Federación Agraria y la Unión Cívica Radical (UCR), que propone un tratamiento más duro respecto del uso de las patentes, que en el mundillo político y agropecuario se conoce como "Ley Monsanto". El dilema principal que este proyecto se propone resolver, es que cuando una semillera vende su nuevo producto, cobra los derechos de la semilla, pero no los de las sucesivas replicaciones y reproducciones que el productor puede hacer. De esta manera, la iniciativa busca premiar las  ganancias y los incentivos de los innovadores.

Por otro lado, desde el Frente Amplio y Progresista (FAP), el agrodiputado Omar Segundo Barchetta, de Santa Fe, junto con otros nueve firmantes, sostiene lo contrario, bajo el discurso de que los productores agropecuarios necesitan de la reproducción de la semilla, y que sería usurero cobrar por la reproducción de la semilla, y se enfocan más en la comercialización de la misma, para que nadie revenda el producto de los semilleros.

Hay que descartar, sin embargo, que esto sea una pura posición a favor de las semilleras o los pequeños productores.

El presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, Luis Ángel Basterra, quien es diputado por el Frente para la Victoria comentó que "son opiniones divergentes, unos piensan que los productores se perjudican por el precio oneroso de la semilla al pagar la patente, los otros consideran que el efecto nocivo se debe a la falta de innovación para producir semillas mejores y más resistentes, que aumenten los rindes de la producción."

Otro problema esencial es el de uso de agroquímicos, en el cual existen tres áreas importantes, con distinta capacidad de consenso.

La política del Frente para la Victoria al respecto, es separar el proyecto por áreas, de manera de promulgar lo más rápido posible los elementos con mayor consenso. El punto en el que casi no existe debate es el del tratamiento de los envases utilizados, que son altamente contaminantes, y que los productores suelen tirar en los campos en vez de aprovechar la oportunidad de reciclaje. Se buscará, por lo tanto, regular la contaminación por este factor y promover un uso responsable

Por otro lado, el área del registro y la fiscalización de los productos genera algo más de polémica, pero existe cierto consenso  en que es necesario que exista una regulación de los productos, que podría, en principio, estar a cargo del área de desarrollo productivo del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).

Por último, el punto más polémico es el de la regulación del uso de agroquímicos, que requiere un debate amplio, dado que está en juego la capacidad económica, pero también la salud humana y el medio ambiente, en distintas jerarquías, desde el municipio, que es la autoridad de aplicación, las provincias, que son las dueñas de los recursos, y la Nación. Se encuentran en danza distintos proyectos de ley respecto del glifosato, que oscilan desde la total prohibición hasta la promoción de buenas prácticas.

Sin embargo, no hay uniformidad de opiniones en cada bloque, y coexisten distintos proyectos dentro de cada partido.

Por ejemplo, tanto Victoria Donda (Libres del Sur) como Julia Argentina Perie (Frente para la Victoria) piden la prohibición del agroquímico.

Un tercer punto de alta importancia es el del uso y conservación de los suelos.

Sin embargo, si bien es el Frente para la Victoria el que impulsa esta ley, todavía no ha propuesto ningún proyecto. La discusión todavía está en un estado embrionario.

Sin embargo, los diputados afirman que se encuentran con voluntad de ponerlo en marcha, y están deliberando con el Ministerio de Agricultura sobre el tema.

La cuestión central para considerar el uso del suelo es que el mismo es un bien social de gestión privada, y no uno meramente privado, y por lo tanto, quien ostente la propiedad tiene que atenerse a las regulaciones.

El uso del suelo debería obligar a preservar la capacidad productiva del mismo, lo que en la economía suele considerarse "capital natural". Pero al mismo tiempo, el suelo no debería perder fertilidad ni biodiversidad, por lo que el enfoque tiene que ser plural e integrar ámbitos disímiles como la economía y la ecología. Por eso la necesidad de interactuar con los sectores económicos y con el Ministerio, articulando propuestas ejecutivas para brindar un marco legislativo consistente.

El objetivo esencial del proyecto sería que el Estado fiscalice y regule el uso del suelo, para lo cual el gobierno deberá crear algún tipo de entidad reguladora o concedérsela a algún órgano existente. Si bien no hay nada previsto, es una posibilidad asignar el Área de Tierras, o el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

Un punto que no puede pasar desapercibido es la cuestión de la agricultura familiar. Desde el gobierno están presentando proyectos, uno reciente de parte de la diputada Claudia Giaccone, y próximamente se presentará otro en base a las propuestas del Ministerio de Agricultura al respecto. Será importante el reconocimiento por ley de muchos derechos y reivindicaciones que hoy dependen de las autoridades del Ministerio y que podrían transformarse de esa manera en políticas de Estado.

También son importantes en volumen, aunque no en consensos, varios proyectos por parte de la oposición respecto de las retenciones. Desde propuestas para impedir que el Ejecutivo aumente las retenciones por decreto, a la eliminación de las retenciones en algún producto (como el girasol), la segmentación por escalas y por regiones o la devolución de los fletes, son medidas que atienden a realidades particulares, más que a políticas sistémicas. Sin embargo, es importante destacar que teniendo el debate parlamentario de la resolución 125 como pionero, se ha comenzado a diferenciar entre distintos tipos de productos, regiones y productores, para evitar la imposición de grandes tributos a los más pequeños, o de reducción de las cargas a los más grandes.

En la Cámara de Senadores se encuentran los proyectos de mayor consenso, y en particular varios que saldrán pronto respecto de las economías regionales, que tienen que ver con el fomento de la ganadería de búfalos, el incremento del fondo algodonero (en el que coexisten un proyecto que viene de de Diputados y uno de la senadora Graciela De La Rosa, del FPV), uno del senador Liliana Fellner, del FPV sobre promoción de productos andinos y finalmente, uno de los que mayor consenso lleva es el de la promoción de la ganadería en suelos áridos y semiáridos, en el cual coexisten un proyecto que obtuvo dictamen en diputados y otro propuesto por la senadora Laura Montero, de la UCR.