El proyecto para construir dos represas en Santa Cruz tiene orígenes más que oscuros y ocasionará un drama ambiental en la región.

 

El posible acuerdo entre el gobierno de Xi Jinping y el de Mauricio Macri para la construcción de las represas en el río Santa Cruz es altamente cuestionable. Como lo hemos resaltado en esta columna editorial, si algo sintetiza todo aquello que quienes votaron por Cambiemos quisieron para el futuro -y que resulta cada día más necesario- puede resumirse en una palabra: transparencia. Y si hay alguna manera de resolver este caso, uno de los más emblemáticos de la corrupción kirchnerista, es permitir que la normativa vigente vuelva a ser vinculante.

No es posible heredar un gigantesco caso de corrupción y pretender desacoplarlo de sus antecedentes mediante módicas adaptaciones técnicas como la reducción de cantidad de turbinas o el monto de la obra. No es un problema de la ingeniería, es mucho más profundo.

Basta recordar alguno hechos y nombres: utilizando su relación con el poder y su acceso a información reservada, Lázaro Báez, hoy detenido, compró las estancias ubicadas sobre las márgenes del río Santa Cruz, cuyas tierras inundarían las represas, de modo de asegurarse los beneficios de una posterior expropiación del área. En 2007 se inicia un proceso licitatorio para la construcción de las centrales Cóndor Cliff y Barrancosa. Luego de fracasar dos licitaciones en esa provincia y por gestiones de Julio De Vido, se llamó a una tercera licitación en el ámbito nacional. Allí, las represas se rebautizaron y pasaron a llamarse Kirchner y Cepernic. La tercera licitación la ganó Lázaro Báez, pero por curiosas circunstancias luego fue otorgada a Electroingeniería, una de las empresas que más creció en la "década ganada". Detalle significativo: las fotografías muestran la imagen de Julio De Vido y José López (hoy detenido) abriendo los sobres de la licitación.

No es posible soslayar que el procedimiento de evaluación de impacto ambiental no cumplió mínimamente con la ley general del ambiente ni con la ley de protección de glaciares, incumplimientos que dieron lugar a un pedido de informes de la diputada Margarita Stolbizer. La información brindada fue incompleta y varios aspectos, como los potenciales daños al sistema del glaciar Perito Moreno, no fueron esclarecidos con detenimiento. La audiencia publica se celebró el miércoles 9 de diciembre último -veinticuatro horas antes del cambio de gobierno nacional-, y ese día los funcionarios que terminaban su mandato a la medianoche decidieron la construcción de ambas represas. Así se aprobó el proyecto que hoy se pretende continuar acotando su tamaño. Algo que no contribuye a la tan esperada transparencia.

La Corte Suprema de Justicia le reclamó al gobierno nacional que le informe si se realizaron los estudios de impacto ambiental previos a la construcción de las represas hidroeléctricas; se presentaron dos recursos de amparo y varias organizaciones defensoras del ambiente han reclamado al Estado nacional desestimar la construcción de las represas sobre el río Santa Cruz. Los fundamentos exceden por mucho lo ambiental. Su construcción implicaría un error estratégico en lo técnico, económico y social.

La financiación para hacer las represas proviene de bancos chinos. China Gezhouba Group, con desastrosos antecedentes ambientales en el planeta, va a construir la represa junto con un socio argentino y luego la operará por 20 años. Luego, ésta pasará a manos del Estado. Se trata de la inversión más grande que acordaron el año pasado los gobiernos argentino y chino. Otros proyectos incluyen dos vías férreas y una base de seguimiento por satélite en la Patagonia, que brinda al ejército chino espacio para monitorear desde la Argentina.

Lo cierto es que la construcción de estas represas, cuyos efectos serían transgeneracionales, no refleja los informes que aseguran que existen otros proyectos mas eficientes, ni los daños ecológicos en el curso y la desembocadura del río Santa Cruz, ni el altísimo costo que tendrá la energía para poder solventarlas.

Una de las aspiraciones más fuertes de la sociedad es el cuidado del ambiente, algo que ha capitalizado el gobierno actual al transformar la obsecuente Secretaría de Ambiente de la década anterior en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Sería deseable que el Gobierno le brinde a ese ministerio, quizás uno de los más importantes de un país que mira hacia un porvenir sustentable, todas las herramientas necesarias para poder evaluar correctamente el proyecto, con participación ciudadana y aplicando las leyes nacionales que protegen el ambiente, desdeñadas por la gestión anterior. Es preciso poner fin a la disputa entre intereses personales y necesidades colectivas. Sería desalentador y una enorme contradicción ética no hacerlo.

Es preciso cumplir con la normativa ambiental y mostrar verdadera transparencia para fortalecer nuestra deteriorada cultura cívica. Sería una manera de rechazar el legado de una corrupción abrumadora. Para una nueva convivencia se necesita un nuevo paradigma en materia de toma de decisiones, que deje atrás la discrecionalidad. Para hacerlo es imprescindible que cambiemos.