Cuando Hollywood imagina las ciudades del mañana suele proyectarnos metrópolis ultramodernas, llenas de automóviles voladores y robots inteligentes. En cambio, nunca ha hecho – ni probablemente hará – una película futurista enfocada en un tema clave para el progreso urbano: la gestión fiscal.

De una buena gestión fiscal se desprende todo: desde la capacidad para financiar infraestructura pública hasta la provisión de servicios como la recolección de residuos, el alumbrado público o el mantenimiento de espacios verdes, y aun al acceso a financiamiento crediticios  En pocas palabras, sin un manejo adecuado de los recursos municipales, es virtualmente imposible mejorar la calidad de vida urbana.

En América Latina y el Caribe, muchas ciudades simplemente no cuentan con los medios suficientes para llevar adelante un plan de desarrollo sostenible. De hecho, es imperativo descentralizar el manejo de recursos públicos, aumentar la recaudación, e impulsar una amplia reforma tributaria. Porque sin un mayor grado de autonomía financiera – acompañada por iguales grados de responsabilidad fiduciaria – nuestras ciudades simplemente no estarán a la altura de las expectativas de sus ciudadanos.

Es por eso que la gestión fiscal, entendida como la permanente pugna entre las necesidades de crecimiento y el equilibrio financiero, será uno de los grandes desafíos a descifrar por los especialistas de todo el mundo que se congregarán en octubre en Quito para la Tercera Conferencia de Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III).

En América Latina, los ingresos locales cubren solo alrededor del 30% del total del gasto de los gobiernos municipales, frente a cerca de 60% en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) o el 76% en el caso de las economías emergentes de Asia.

Bajo ese esquema, nuestras ciudades dependen mucho más de las transferencias de los gobiernos centrales, que además de tener muchas otras necesidades suelen ser reacios a perder control de los recursos.

A ello debemos sumarle el impacto de las leyes de responsabilidad fiscal vigentes en muchos de nuestros países, que obligan a los alcaldes a “cerrar” sus cuentas como sea. Casi siempre optan por recortar el gasto en obra pública, aunque la infraestructura urbana se esté cayendo a pedazos.

¿Cómo podríamos superar este problema? Según un reciente informe del BID, la solución podría pasar por otorgar a los gobiernos municipales más libertad para gestionar sus propias fuentes de ingresos tributarios.

Naturalmente, a la renuencia de los gobiernos centrales a ceder cuotas de poder hay que sumarle la limitada capacidad de gestión fiscal de muchos gobiernos locales. Pero es vital que los países perciban el impacto positivo que puede tener la descentralización fiscal sobre la calidad de los bienes y servicios públicos.

La descentralización podría darse en distintas formas y grados. Por ejemplo, en los casos donde la capacidad de gestión municipal es más débil, se podrían reformar las transferencias del gobierno central para alinearlas mejor con las necesidades locales.

En otros casos las ciudades podrían aprovechar esquemas tributarios gestionados por los gobiernos centrales, como los impuestos al valor agregado, aplicando un recargo que iría directamente a las arcas municipales.

Y en los casos donde hay mayor capacidad de gestión, las ciudades podrían aumentar sus ingresos mediante la actualización de valores y una recaudación más eficiente de los impuestos a la propiedad, un instrumento relativamente poco explotado en nuestra región.

En América Latina y el Caribe, la descentralización debería formar parte de reformas más amplias. Si bien en las últimas dos décadas la región registró el aumento de recaudación tributaria más rápido del mundo, sus niveles aún siguen siendo bajos para los niveles de desarrollo de sus países.

Según otro informe del BID, Recaudar No Basta, ese fenómeno se debe en parte a los generosos beneficios tributarios otorgados a sectores privilegiados a través de exenciones o excepciones, y a las debilidades en las administraciones tributarias.  Pero también refleja una deficiente administración  con  políticas fiscales procíclicas y excesiva dependencia de ingresos fiscales por la explotación de recursos naturales con precios volátiles, como el petróleo.

Una gran reforma tributaria atendería no sólo la necesidad de descentralizar sino que simplificaría el cumplimiento de las obligaciones tributarias, promoviendo la eficiencia y equidad, convirtiendo a los impuestos en las herramientas de crecimiento y desarrollo que deberían ser.

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*Este artículo fue publicado originalmente el 13 de septiembre de 2016 en la Tribuna de El País de Madrid.

 

En preparación para la tercera conferencia mundial Hábitat III a celebrarse en Quito, Ecuador entre el 17 y el 20 de octubre, este artículo forma parte de una serie que explora diversas oportunidades de innovación que podrían transformar las ciudades de América Latina y el Caribe durante los próximos 20 años.