Muniboletin
01/06/22
mercado&empresas
Facilitar las condiciones de acceso al suelo y a la vivienda

Entrevista al diputado Fabio Quetglas, autor del Proyecto de Ley.

El diputado nacioal Fabio Quetglas presentó el Proyecto de Ley “Fondo Federal de Urbanización Social”, que tiene por fin la creación de un programa de alcance nacional denominado “Fondo Federal de Urbanización Social”, para propiciar mejoras en las oportunidades de acceso a la vivienda, en coordinación con los municipios; y la creación de un fondo fiduciario por el cual el gobierno nacional apoye técnica y financieramente a los gobiernos locales que produzcan suelo urbano. 

 

En la edición de la semana pasada publicamos el contenido de este Proyecto de Ley; los invitamos ahora a leer una entrevista realizada al diputado Fabio Quetglas.

 

 1- ¿Cuáles fueron las razones que lo impulsaron a generar el proyecto de ley?

 

Las razones son múltiples. En la Argentina hay un histórico problema de acceso al suelo y la vivienda, pero en los últimos años al problema tradicional se le ha sumado una cierta anarquía en la gestión, sobre todo en los entornos periurbanos, con el tema de las tomas de tierras; y unas dificultades claras de parte de la administración pública de gestionar estos procesos. Entonces, de alguna manera, la ley se propone facilitar las condiciones de accesibilidad al suelo, sobre todo en los sectores populares, generando la condición básica de financiar, a un precio accesible, ese acceso.

 

La ley como ustedes podrán ver, no prevé la gratuidad porque el estado argentino no está en condiciones de financiar, masivamente, un programa de entrega de suelo de manera gratuita. Y tampoco probablemente sería justo en términos fiscales. Lo que el programa se propone es que un trabajador, una familia, etc., puedan tener entre sus canastas de elección la posibilidad de comprarse un lote y desarrollar su estrategia habitacional, de un modo que tradicionalmente la Argentina ha hecho durante mucho tiempo, porque el loteo popular fue masivo y culturalmente muy aceptado en Argentina hasta la década del 70. La razón, en el fondo, es facilitar el acceso a la vivienda, que constituye el paquete de derechos sustantivo para todos, y está, supuestamente, garantizada en la Constitución; y que a su vez, posibilita condiciones de mejor planificación urbana.

 

2- ¿Por qué la ley es para municipios de 300.000 habitantes o menos?

 

Porque los municipios del espacio metropolitano, salvo las terceras coronas, en general, no tienen 300.000 habitantes, y no disponen de suelo masivo para poner en el marco de un programa. La posibilidad de atender esta demanda tiene que ser con otro tipo de estrategias que tengan más en cuenta la densidad y, posiblemente, con el involucramiento de actores privados en el desarrollo inmobiliario. Este es un mecanismo que un municipio con mediana capacidad técnica puede desarrollar. Entonces, un poco la idea es facilitar en las ciudades medianas de la Argentina, que tienen el mismo problema, en muchos casos de incipiente conurbación, una herramienta que recupere para el estado el rol planificador y que permita un acceso razonable al suelo.

 

Por otra parte, la existencia de suelo accesible en ciudades medianas o pequeñas que tienen un relativo dinamismo económico puede operar como un factor disuasor de la migración involuntaria.

 

3- ¿Qué se busca con la ley, qué propósitos tiene?

 

La ley tiene un propósito de justicia social, digamos. Es muy usual en la Argentina, caer a veces, en la ligereza de verificar el modo de vida de personas que viven en la informalidad urbana o en la informalidad laboral; ver un comentario un poco insidioso como “mirá, viven muy mal y tienen techo de chapa; o, no tienen resueltas sus cuestiones sanitarias y tienen un plasma de 30 pulgadas”. Lo que nadie dice es que el comercio le da crédito para el plasma, pero nadie le da crédito para acceder al suelo. Las preferencias de esas personas en materia de inversión y de consumo están signadas por la imposibilidad de acceder al suelo. Entonces, el propósito es un propósito de justicia. En general, si uno puede generar las condiciones para que una persona, a lo largo de 10 años, pueda pagar su lote en cuotas de 70 dólares por mes, alrededor de 15.000 pesos de hoy, un montón de personas que viven en situación de informalidad urbana, tomarían la opción de ir al suelo formal con un lote con título. Eso descomprimiría mucho un montón de situaciones.

 

4- ¿Por qué el proyecto plantea de manera precisa el destino de usos de ese suelo?

 

El proyecto plantea de manera precisa el destino de los usos del suelo porque un proceso de generación de suelo masivo en la Argentina puede también tener el efecto negativo de desconfigurar las ciudades. Es muy usual en las ciudades del interior, cuando uno va a la periferia urbana y ve los barrios producidos por los institutos de vivienda, ver 8 ó 10 hectáreas de casitas iguales, una al lado de la otra, sin ninguna provisión de equipamientos públicos, sin ninguna previsión de espacio verde razonablemente servido, sin ninguna previsión en materia de la calidad de la arborización, las condiciones ambientales, etc. Entonces, de alguna manera, estamos tratando de impulsar un modelo de crecimiento urbano que contenga elementos contemporáneos que eran los elementos tradicionales de las ciudades argentinas de finales del siglo 19 y principios del 20; eran mucho más generosos en términos de ciudadanía urbana que lo que hicimos después. Si se va a cualquier ciudad del interior de la provincia de Buenos Aires esto puede verse, la plaza está bien emplazada, los solares son adecuados, las calles tienen bulevares, etc. Es inconcebible cómo hemos retrocedido en ese plano. Este proyecto de ley pretende dialogar con esa realidad Argentina y llegarle a los argentinos con un modelo de urbanización de cierta dignidad.

 

5- ¿Conversó este tema con los intendentes? ¿Sabe lo que opinan?

 

Sí, conversé con muchos de ellos. En general están de acuerdo, porque la norma prevé una ayuda federal a los intendentes que encaren este tipo de proyectos. Hoy los intendentes hacen esto, esto es muy importante decirlo, hay muchos gobiernos locales, como Rauch, Trenque Lauquen, que están haciendo estas cosas, pero lo hacen sin ayuda federal. Entonces, los intendentes reciben este proyecto como una gran noticia.

 

6- ¿Cómo espera prospere el proyecto en el Congreso?

 

Y es difícil decir cómo va a evolucionar en el Congreso, porque lamentablemente se ha instalado una perspectiva predatoria del problema urbano; inclusive con fallos judiciales que son lamentables. Y no hay modo de solucionar este problema de acceso al suelo urbano en un modelo anárquico. Quizás acá puede ser interesante el rol que puedan jugar las iglesias, que contienen, por lo general, a la población que es afectada o estafada en los barrios populares; algunas organizaciones sociales que tienen vocación de que sus miembros puedan acceder a suelo urbano de manera regular y legítima. Hay que tener en claro que para qu eso pase, como la Argentina precisa dos millones de lotes, hay que pagarlos. Porque pagar es financiar al que viene atrás. Entonces hay que facilitar el acceso, eligiendo buenas tierras para tener una urbanización calificada, pero hay que hacer un esfuerzo, de modo tal de que el sistema pueda ser transparente, por un lado, en asignación de recursos y sostenibilidad a mediano plazo.

 

7- Por último, ¿qué impacto imagina tendría este proyecto de ley en los municipios?

 

Bueno, si este proyecto de ley se llevara adelante el impacto sería notable y dependería mucho de la prioridad que le darían los municipios. Yo creo que en condiciones, ya no hablo ni siquiera de estabilidad macroeconómica, pero en condiciones de una inflación moderada, del orden de un dígito, del 7, 8, 9% anual, el proyecto funcionaría muy bien. En Argentina, la pulsión propietaria es muy alta y el imaginario de las personas de los sectores populares de incluirse en los circuitos de producción y consumo y ser parte de la clase media es muy alta; y esta es una puerta que la Argentina ha tenido siempre abierta y que la ha cerrado en los últimos 40 años, con consecuencias muy negativas en nuestro tejido social.

 

El impacto sería positivo, no hay ninguna duda. Positivo desde lo fiscal, positivo desde lo sociosanitario, positivo porque se sabe que la formalización urbana mejora el acceso al crédito, disminuye los niveles de violencia, mejora el presentismo escolar, el presentismo laboral, etc. Pero yo no planteo mi proyecto de ley como una varita mágica, es un proyecto de ley que pretende solucionar algún problema. Esto no soluciona ni el nivel de ingreso de los trabajadores, ni el deterioro de la moneda, ni otros problemas. Pero es un problema importante al que queremos tratar de dar una respuesta técnica a la medida de su dimensión.