Ante las malas calificaciones que recibió el país en las pruebas PISA, las políticas públicas deben apuntar a revertir el debilitamiento de la formación y la soledad en la que trabajan los docentes.

 

El sistema educativo enfrenta el desafío prioritario de mejorar los aprendizajes de todos los alumnos. La última evaluación del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA) de la OCDE muestra que la mitad de los alumnos argentinos no acceden a los saberes indispensables para una inserción social plena . Los sectores sociales más postergados son los más perjudicados: los resultados de los estudiantes de nivel socioeconómico bajo en la Argentina se ubican en el cuarto lugar entre los peores de los 65 países participantes. Por su parte, las escuelas de más alto nivel socioeconómico se desempeñaron al mismo nivel que las escuelas de más bajo nivel socioeconómico en la OCDE y en los Estados Unidos.

 

Pese a las mejoras en los ingresos, las desigualdades y la exclusión social continúan dificultando la tarea de la escuela. El conflicto social permea las aulas y resulta muy difícil dar clase. La creciente segregación social entre las escuelas privadas y públicas y el deterioro del prestigio de la escuela pública atentan contra la mejora de los aprendizajes -está demostrado que los sistemas educativos con escuelas más integradas logran mejores resultados-, y contra la cohesión social y la consolidación de valores democráticos comunes.

 

Un dilema es el divorcio entre la cultura de la dispersión, los intereses de las nuevas generaciones y el molde escolar tradicional. Las clases expositivas y repetitivas, el aprendizaje pasivo, la enseñanza homogénea -con los mismos métodos y ritmos para todos-, la desconexión del mundo exterior, o el bajo uso de las nuevas tecnologías son algunos rasgos de este molde anquilosado. Además, las dificultades para retener a los jóvenes de sectores populares se explican por la matriz elitista de la escuela secundaria, expresada en la predominancia del saber abstracto, la excesiva cantidad de materias y docentes, y la desconexión con el mundo del trabajo.

 

En la última década se avanzó en garantizar bases necesarias para mejorar la educación. Aumentaron la inversión y el salario docente, se crearon nuevos cargos docentes, se distribuyeron libros, computadoras y otros insumos importantes, y se atendió a las escuelas más vulnerables. En cuanto a los contenidos educativos, se destacan las nuevas producciones televisivas (canales Encuentro y Paka Paka) y el fortalecimiento del portal Educ.ar. Otra medida muy relevante fue la elaboración de los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios (NAP), que definen los conocimientos y competencias esenciales que los alumnos deben lograr en cada año en primaria y secundaria. Apostando al futuro, se extendió a cuatro años la formación inicial de los maestros y se reformuló su currículum.

 

Es fundamental sostener muchas de estas políticas en los próximos años. Pero fortalecer la enseñanza es la clave para lograr cambios sustantivos. Los maestros y profesores no cuentan siempre con los saberes, las competencias y las actitudes necesarios para una profesión muy exigente, y las políticas educativas no ofrecen las condiciones o los dispositivos para asegurar una buena enseñanza en todas las aulas. El debilitamiento de la formación y la soledad en la que trabajan los docentes redundan en importantes falencias y disparidades en la enseñanza.

 

Para mejorar las capacidades pedagógicas, un camino ineludible pero complejo es la mejora profunda de la formación inicial. El Instituto Nacional de Formación Docente dio pasos positivos durante la última década. Pero la extrema atomización del sistema formador -con más de 1200 institutos y 60 universidades- no fue resuelta. Con enormes disparidades en la calidad, profesores no siempre preparados, precarias condiciones materiales y organizativas, diseños curriculares con lagunas importantes y vínculos frágiles con las escuelas, la transformación de este sistema plantea obstáculos políticos, laborales y sociales que requieren un fuerte liderazgo político y una importante inversión.

 

Sin embargo, diversas políticas convergentes podrían contribuir en el mediano plazo a apoyar a las escuelas y a los docentes en ejercicio en su difícil y vital tarea cotidiana.

 

Sería importante clarificar primero los objetivos prioritarios de aprendizaje. Los NAP deberían convertirse en la columna vertebral de la enseñanza y en el eje central de libros de texto, portales y canales educativos, operativos nacionales de evaluación y contenidos incluidos en las computadoras de los programas gubernamentales.

 

Simultáneamente, es necesario promover una cultura de la evaluación, activando y articulando instancias complementarias, como la participación en otras evaluaciones internacionales, la realización de evaluaciones nacionales censales periódicas con devolución a las escuelas, la autoevaluación sistemática de las escuelas y un mejor uso de la evaluación en el aula. La evaluación tiene un enorme potencial para mejorar la enseñanza y hoy ocupa un lugar secundario.

 

Resulta también crucial apoyar la enseñanza con sugerencias didácticas concretas. Las tradicionales publicaciones de los ministerios de Educación podrían complementarse con nuevos recursos educativos audiovisuales e interactivos. Los documentos con prescripciones didácticas podrían complementarse con apoyo técnico-pedagógico a las escuelas con mayores dificultades. Es urgente identificar las escuelas donde se concentran los problemas -fracaso escolar, bajos niveles de aprendizaje, ausentismo de docentes y alumnos, violencia- y brindarles un acompañamiento cercano e integral.

 

Pero la enseñanza no puede fortalecerse sólo desde los ministerios de Educación. Es necesario crear las condiciones institucionales para aprovechar los liderazgos pedagógicos hoy ocultos en el sistema. Una primera medida clave en este plano radica en modificar los concursos de acceso a los cargos jerárquicos del sistema educativo: los directores y los supervisores. La función del director es compleja y crucial para la mejora escolar, y los supervisores son una figura clave para acompañar y articular las escuelas en el territorio. El ascenso a estos cargos, hoy definido por la antigüedad y los cursos de capacitación realizados, o por concursos de oposición que no evalúan las múltiples capacidades requeridas, debería exigir la aprobación de un curso anual de altísima calidad.

 

En un sistema educativo verticalista y desigual, es necesario fortalecer los lazos horizontales entre escuelas y docentes. Identificar y difundir las prácticas de las escuelas que logran buenos aprendizajes con todos los alumnos, e implementar mecanismos institucionalizados de cooperación con otras escuelas es una vía con efectos positivos probados en otras latitudes. Sería importantísimo, a su vez, aprovechar el saber de los mejores docentes en cada escuela. Ellos deberían desempeñarse en los años estratégicos de la escolarización (primeros años de la primaria y la secundaria) y participar de la formación de los docentes futuros, nóveles, o con debilidades.

 

Estas políticas no agotan los frentes abiertos de la política educativa. Distribuir mejor y hacer más eficiente la inversión educativa; afianzar políticas específicas por nivel educativo, como la ampliación de la oferta para la primera infancia y el nivel inicial, la extensión de la jornada escolar en el nivel primario y la transformación de la escuela secundaria son algunas de las políticas para profundizar.

 

Velando por una fina coordinación federal como condición de partida, la enseñanza debería ocupar el centro de la agenda si el objetivo es una mayor justicia educativa. La apuesta por el fortalecimiento de la docencia se expresa también en las difíciles coyunturas, como las próximas negociaciones salariales, que requerirán una gran responsabilidad de todos los actores implicados para sostener las conquistas salariales de los últimos años sin sacrificar días de clase ni jaquear las cuentas provinciales.