Por Fabio Quetglas

 

La Provincia de Buenos Aires acaba de poner en marcha, por decreto, una iniciativa para dotar a las localidades de más de 70.000 habitantes de una fuerza de seguridad de proximidad.

Apremiado por la presión de la ciudadanía, el Ejecutivo provincial avanzó ante los bloqueos que impedían la consecución de una ley. Es gravosa la inexistencia de consenso en esta materia.

Pero mucho más lo es la falta de reflexión sobre la situación de los gobiernos locales con relación a la recepción de este nuevo servicio a su cargo. Todo el tratamiento y los debates públicos en la materia se han hecho con eje en la cuestión de la seguridad; sin embargo, no se trata de la seguridad en abstracto, sino acerca de cuánto puede mejorar o no la seguridad generando un cuerpo policial local, en qué medida el gobierno local puede gestionar adecuadamente la seguridad y qué requisitos son necesarios para que la iniciativa sea exitosa.

Los intendentes padecen el contacto cotidiano con las víctimas del delito, son testigos apenados e impotentes de un sistema judicial lento, son conscientes del deterioro del sistema penitenciario; pero ahogados entre la impotencia y en la necesidad de mostrarse “activos” frente a sus vecinos y electores, están dispuestos a “asumir riesgos”, y por ello prefieren y reclaman que les den instrumentos para poder actuar. Los intendentes deberían saber que una vez puesta en marcha la iniciativa serán más responsables, y ello sin –en la mayoría de los casos- haber tenido una aproximación razonable al tema.

No se ha pensado si esas municipalidades cuentan con las capacidades necesarias para una buena gestión de la policía de proximidad. ¿Cuáles serán sus atributos relevantes? ¿O acaso puede que estemos constituyendo un nuevo actor en la competencia por el territorio visto como fuente de negocios? ¿Cómo se sostendrá su jerarquía como servicio público ante las dificultades fiscales?

La seguridad como promesa esencial del Estado merece un tratamiento menos improvisado; las policías de proximidad, en los lugares que funcionan bien, son una respuesta sofisticada que se fundamenta en el mejor conocimiento del entorno que puede tener un cuerpo de seguridad específico en términos territoriales. Los aspectos territoriales del delito justifican la existencia de policías locales; lo que no está justificado es avanzar, como se hizo en los ‘90, en transferir funciones de un nivel de gobierno a otro sin parámetros, sin entrenamientos, sin estructuras normativas ajustadas y, al igual que entonces, sin un nivel de acuerdo político sólido.

Donde las experiencias han sido positivas no ha sido por casualidad; se ha puesto mucho énfasis en la integración de los distintos cuerpos de seguridad, en la convicción de que no es que la existencia de un mayor número de ellos mejora el resultado, sino la eficiencia en la capacidad de respuesta articulada, frente a un fenómeno complejo e irresoluble desde la respuesta exclusivamente policial.

En la Provincia de Buenos Aires los municipios no pueden sostener adecuadamente las funciones históricas y el deterioro va de la mano de una crisis fiscal permanente.

¿Por qué un decreto y algunos recursos van a solucionar un problema tan difícil? ¿O acaso lo que se propone no es una política sino solamente un anuncio?