Ya no se trata de fenómenos esporádicos o transitorios, sino de las consecuencias que a nuestra región le toca padecer. Es necesario concentrarse en estrategias tendientes a atenderlos, pero no cuando se hayan desatado, sino con una visión de carácter preventivo.
Los incendios en Corrientes nos muestran una de las caras más trágicas del cambio climático. En este caso, combinados con una prolongada sequía, a la que se suma la tremenda crisis hídrica que atraviesa la zona desde hace varios años, el fenómeno de la Niña y temperaturas muy elevadas, fueron generando las condiciones para que, una vez iniciado, el fuego se propague.
Todo ello en una provincia con vastos pastizales donde la quema de campos resulta una práctica arraigada en la mayor parte de los productores, que utilizan al fuego para rebrote de pasturas o para ampliarlas superficies productivas. Pero los incendios también han tenido su origen en la acumulación de basura y la mala gestión de residuos, muchos de los cuales se prenden fuego de manera sistemática. Todo ello, combinado con una evidente falta de planificación en materia de incendios (nacional como provincial), ha hecho que estos se propaguen a razón de 30.000 hectáreas por día.
Lo cierto es que Argentina está en llamas desde el 2020, con millones de hectáreas afectadas en diversas regiones del país. Ello debería haber sido motivo suficiente para instaurar acciones que apunten a evitar o minimizar los impactos socioambientales. Hace pocas semanas se declaró la “Emergencia Ígnea”, que llama a una coordinación estatal que debiera estar en marcha desde el 2012 cuando se sancionó la Ley 26.815 de Manejo del Fuego.
Aun cuando la Nación resulta la máxima responsable por ser autoridad de aplicación de la ley de manejo del fuego y otras relacionadas, la falta de planificación abarca todos los estamentos. En este sentido, las provincias también cuentan con facultades y prevención, así como de control ambiental y sobre las actividades productivas que se desarrollan en sus territorios, como es el caso de las plantaciones de exóticas las que impactan directamente sobre pastizales y humedales, muchas de las cuales son impulsadas y hasta subsidiadas por diversos regímenes legales.
La situación de grave crisis climática no es algo lejano y ajeno, y en lo que Argentina no tiene mucho por hacer como le gusta decir a funcionarios de diferentes turnos en la gestión, sino que nos pega el cachetazo de frente como en este caso, arrasando el 10% del territorio de una provincia. Esta crisis climática viene a cambiar por completo esta realidad, ya no se trata de fenómenos esporádicos o transitorios sino de las consecuencias que a nuestra región le toca padecer. Por ello tendremos que concentrarnos cada vez más y decididamente en estrategias tendientes a atender estos fenómenos, pero no cuando se hayan desatado, sino con una visión de carácter preventivo.
En primer lugar, evitando que aparezca el fuego, para lo cual es necesario cambiar la cultura de la quema allí donde está instalada y establecer sistemas de vigilancia para detectar incendios intencionales.
En igual línea, impulsar un cambio de paradigma en la gestión del manejo del fuego, pasando de un enfoque “emergentista” que lleva a que el Estado desaparezca cuando las llamas también lo hacen, hacia una gestión preventiva e integral. Esta labor, atendiendo la variable climática y con enfoque comunitario, es una cuestión prioritaria. El Estado tiene que trabajar con productores y poblaciones locales para generar conciencia, capacitar y prevenir incendios.
Necesitamos además que las provincias cumplan reportando las superficies incendiadas sobre la base de un sistema de relevamiento estandarizado e indicando el ecosistema y/o región afectada para tener verdadera noción del daño ecológico y social del fuego.
Necesitamos acompañar esto con una serie de instrumentos que resultan imprescindibles para complementar una adecuada gestión. Nos estamos refiriendo al Ordenamiento Ambiental del Territorio, instrumento necesario para establecer una planificación y diseño de las actividades productivas, en respeto por la integridad ecológica de los ecosistemas. La Ley de Humedales que vendría a promover precisamente procesos de ordenamiento de estos ecosistemas, tiene ya diez años de historia en el Congreso Nacional. Hay un texto consensuado, debe ser tratado y aprobado sin mayores dilaciones.
De igual forma, necesitamos herramientas que permitan castigar debidamente a quienes prenden fuego de manera intencional y/o para ampliar sus horizontes productivos, conductas dañinas para el ambiente y que hoy no cuentan con ningún tipo de reproche penal. Por eso es necesario incorporar a la mayor brevedad posible un capítulo de Delitos Ambientales en el Código Penal.
Finalmente, también es imperioso reflexionar sobre el rol que corresponde a las autoridades ambientales en un contexto de crisis ecológica y climática. En este, sentido estas han resultado impotentes para incidir en decisiones gubernamentales que cuentan con el potencial necesario para destruir la biodiversidad e impulsar el calentamiento global, tal como ha sucedido recientemente con la emisión de permisos para la exploración offshore de petróleo. Es tiempo que la máxima autoridad ambiental nacional asuma un rol mucho más decidido en materia gestión, planificación y coordinación para atender y revertir la crisis ecológica y climática.
El momento para actuar es ahora, porque cuando el fuego se apague, y esperemos que sea pronto, la agenda ambiental quedará como tantas otras veces sepultada junto a sus cenizas.
Por Andrés Nápoli. Director Ejecutivo de Fundación Ambientes y Recursos Naturales (FARN)
