El Estado no genera normas para el ahorro de energía ni agua potable o la reducción de la contaminación. Ni siquiera se cumple con la ley de acondicionamiento térmico, reglamentada en 2010 para la provincia de Buenos Aires.
Por Jorge Vehedzian
El deterioro que los habitantes de las ciudades producen al medio ambiente avanza a mucha mayor velocidad que las normativas que pretenden regularlo y controlarlo. Las autoridades mundiales están admitiendo que los tratados de diciembre 2015 en París para limitar el calentamiento global serán insuficientes y que no existen garantías de su cumplimiento por parte de los 171 países firmantes. Los hábitos de las faunas urbanas que consumen todos los recursos naturales como si fueran inagotables, se han consolidado lenta pero inexorablemente a partir de la Revolución Industrial.
En nuestro país, desde fines del siglo XIX, con el ejemplo de La Forestal que devastó más dos millones de hectáreas de quebrachales del Chaco Austral, hasta nuestros días de agricultura y minería predadoras del medio ambiente, se puede observar a las clases dirigentes que por ignorancia, por urgencias políticas, o por escasez económica responden a la mutación del clima, a la falta de energía, de agua y de aire de calidad, combatiéndola con espasmódicos eslóganes marketineros de nula eficacia. Esto pone de manifiesto una hipócrita actitud de preocupación cuyo impacto es despreciable frente al avance de los parámetros de degradación del medio ambiente.
Se observa una inacción alarmante del estado en la generación de normativas de distintas escalas, y que en muchos sitios del mundo son de cumplimiento obligatorio para el ahorro del agua potable, para el uso de energías eficientes en edificios públicos y privados, para el mantenimiento de superficies absorbentes en los terrenos urbanos, para el control de la contaminación del transporte público y el aumento de las superficies verdes; para el cuidado del arbolado urbano, el manejo de las construcciones en cuencas, y muchas medidas que se deberían adoptar en sintonía con la emergencia ambiental actual.
No se percibe coordinación, supervisión, medición y control de parte de los organismos federales hacia gobiernos y municipios sobre normativas ambientales.
Una de las demostraciones de falta de decisión y conciencia de nuestros funcionarios sobre la cuestión ambiental es el incumplimiento de la ley 13.059 de acondicionamiento térmico de la provincia de Buenos Aires, reglamentada desde el año 2010, con nulo acatamiento de parte de profesionales, funcionarios y particulares.
La 13.059 adhiere al concepto tan utilizado, pero poco implementado, de “arquitectura sustentable”, solo que a partir de su dictamen, ya no se trata solo de una elección, sino de una exigencia que nos impone la ley.
En ella se establece la obligatoriedad de cumplir con condiciones de acondicionamiento térmico “a todas las construcciones públicas y privadas destinadas al uso humano: viviendas, escuelas, industrias, hospitales, entre otras para contribuir a una mejor calidad de vida de la población y a la disminución el impacto ambiental a través del uso racional de la energía” Según una investigación del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), si las construcciones bonaerenses estuvieran correctamente aisladas en sus techos, paredes, pisos y aberturas, la demanda de energía se reduciría en casi un 43 %. Un número similar se alcanzaría en todo el país si este cambio de paradigma constructivo se adoptara en todo el territorio.
Las clases de más bajos recursos podrían argumentar que la aplicación de la ley podría perjudicarlos aumentando el costo de las precarias construcciones que con esfuerzo y sin ayuda profesional logran levantar. Sin embargo no tienen esa justificación ni los profesionales, ni las obras públicas, ni las privadas obligadas por la ley. Vemos diariamente construir complejos residenciales, edificios de departamentos, y presuntuosas casas en barrios cerrados con ineficientes paramentos exteriores de bloque cerámico de 18 o hasta de 12 centímetros de espesor. Grandes carpinterías de vidrios simples y cubiertas con despreciable capacidad de acondicionamiento térmico son compensadas con enormes equipos de aire acondicionado que con derroche de energía logran el confort que no se alcanzó por la mala resolución de las orientaciones, el diseño inapropiado de las ventilaciones, de los detalles constructivos y de las carpinterías. Esta realidad está relacionada con la escasa formación técnica de nuestros profesionales, –orientados predominantemente al diseño compositivo– y fundamentalmente la de nuestros funcionarios, quienes no tienen conciencia de la mejora significativa en calidad de vida que la inversión en calidad ambiental aportará a las nuevas generaciones.
La falta de conciencia social medioambiental, unida a nuestra pseudo libertaria y anárquica actitud de no acatar normas, ponen en evidencia que por el lado de las acciones individuales no se alcanzará el mejoramiento de la situación de crisis que ya se manifiesta en todo el planeta. Son necesarias acciones colectivas promovidas desde el estado, pero solo serán implementadas si somos capaces de ver más allá de lo inmediato.
