El gobierno apuesta a la adhesión de los municipios para acceder a la Ley de Responsabilidad Fiscal y armonizar sus cuentas. Qué implica que los municipios acepten o no.

Con el afán de bajar el déficit fiscal de los municipios, la Legislatura determinó el destino del manejo de la economía que tendrá los jefes comunales para el próximo periodo, que comenzará el 1 de enero y tendrá una serie de metas impositivas con la idea de obtener premio (o castigos).

La nueva Ley de Responsabilidad Fiscal Municipal, que si bien es optativa para cada municipio y habilitada por cada Concejo Deliberante, tendrá privilegios para aquellos jefes comunales que accedan y logran cerrar sus números.

Entre los beneficios que pueden lograr los intendentes para su comunas se encuentra la posibilidad de acceso a nuevos créditos con organismos internacionales de deuda y la posibilidad de pedir asistencia financiera provincial para el desarrollo de infraestructura. Además, la provincia se compromete para acompañar al municipio para pedir asistencia a la Nación en forma de adelanto de Fondos del Tesoro Nacional.

Otro de los beneficios, y quizá el más polémico, es que de necesitar ayuda de cualquier magnitud en caso de ocurrir algún siniestro en el municipio (como puede ser inundación y que es habitual en el interior bonaerense), la provincia acudirá a “salvar” al distrito, en caso de haber accedido a la ley.

A cambio, los municipios deben comprometerse a no endeudarse ni tomar personal, tanto de planta permanente, temporaria o contratada, además de impedir el pago de servicios de intereses de deuda que superen el 10% de los recursos corrientes previstos para cada año.

Recordemos que el principal objetivo que tienen desde la cartera económica es la eliminación del déficit, reducción de contrataciones de personal y armonización de los sistemas impositivos locales entre sí y con la Provincia.

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