Buenos Aires es una de las metrópolis más atrasadas de América Latina en términos de coordinación entre ciudad, provincia y Nación. El AMBA no tiene una normativa que enmarque la gestión intersectorial metropolitana, como tampoco planes vigentes. El nuevo escenario político es una gran oportunidad para desarrollar estas cualidades entre los múltiples grupos de interés.

Por Gabriel Lanfranchi, director del Programa de Ciudades

Las ciudades son el motor de la economía de las naciones: son los centros de la innovación y el lugar donde se presentan las mayores oportunidades para el desarrollo. Por eso, desde hace unas décadas se consolidó en todo el mundo un proceso de urbanización rápida que está cambiando la fisonomía de nuestro planeta. Para tomar dimensión del fenómeno, UN Habitat estima que en los próximos 35 años construiremos en el mundo tantas ciudades como en los últimos 10.000 años: en una generación duplicaremos la huella urbana de toda nuestra civilización. En este contexto, es clave planificar qué tipo de ciudades queremos ver desarrollarse en nuestro país.
Los límites jurisdiccionales de las ciudades fueron definidos a fines del Siglo XIX, junto al nacimiento de las naciones. Las autopistas permitieron expandir el área urbana mucho más allá de esos límites, a mediados del siglo XX. Sucedió entonces que el sistema de gestión de la ciudad, que antes se concentraba en solamente una administración local, se vio fragmentado para siempre en una cantidad de municipios y también en distintos niveles de gobierno, dificultando la toma de decisiones sobre los sistemas que estructuran la ciudad.
Parece evidente pensar que no podremos resolver los problemas de residuos, transporte, vivienda, agua y cloaca o del medio ambiente sin un enfoque integral. Sin embargo tomamos decisiones fragmentadas en silos o territorialmente acotadas. Según un reciente estudio realizado por la OCDE, un aumento en la fragmentación incide en una pérdida promedio del 6% en eficiencia. Ese efecto negativo puede ser atenuado en un 50% con mecanismos de coordinación metropolitana. En grandes áreas metropolitanas, como Buenos Aires, donde se produce el 50% del PBI nacional, un ahorro de esas características equivale al 1,5% del PBI nacional.
Según un reciente estudio de CIPPEC realizado para el BID, existen 64 áreas metropolitanas con más de 1 millón de habitantes en la región. La metrópolis de Buenos Aires es la tercera más grande con sus casi 15 millones de habitantes, detrás de México y San Pablo. La decisión sobre el funcionamiento de sus 2.500 km2 se reparte entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, los 40 municipios y la Nación. Desafortunadamente, Buenos Aires es también una de las más atrasadas en términos de coordinación metropolitana. Cuenta con cinco casos de coordinación sectorial que vale mencionar, como el CEAMSE, ACUMAR, AYSA, el Mercado Central y la autoridad metropolitana de transporte. Sin embargo, el AMBA no tiene una normativa que enmarque la gestión intersectorial metropolitana, como tampoco planes vigentes. No es solo una cuestión técnica, sino sobre todo política: es necesario desarrollar conciencia metropolitana en la población y sus dirigentes, aumentar la capacidad de diálogo, espacios de trabajo conjunto y coordinado, la generación de confianza y nuevas técnicas de negociación.
El nuevo escenario político es una gran oportunidad para desarrollar estas cualidades entre los múltiples grupos de interés. Es necesario, para ello, un soporte institucional que permita enfrentar estos desafíos. La experiencia internacional indica que hace falta desarrollar fondos metropolitanos para generar estímulos e impulsar leyes que promuevan la planificación metropolitana. Conformar institutos metropolitanos encargados de generar información y promover los acuerdos. En esa línea, es posible contar con un ministerio especializado en cuestiones metropolitanas. El enfoque integral debe superar a la mirada sectorial.
No hace falta cruzar océanos para ver estas ideas implementadas. El 50% de las áreas metropolitanas de la región cuentan con algún tipo de organismo dedicado a la gestión integral metropolitana. El 66% de estos organismos tienen presupuestos anuales inferiores a los US$ 25 millones. Son viables. Entre otros ejemplos que vale la pena mencionar se encuentran los casos de EMPLASA en San Pablo, Brasil, Área metropolitana, la Junta Directiva del Valle de Aburrá en Colombia o la recientemente creada ECON en Rosario.
Recientemente, en el Foro Internacional de Innovación en la Gobernanza Metropolitana, se presentó el caso de Brasil, que tiene un Ministerio de Ciudades, con un estatuto de las metrópolis y con numerosos institutos de planificación en sus principales áreas metropolitanas: Curitiba, Belo Horizonte, o Río de Janeiro son algunos buenos ejemplos. San Salvador, Colombia o México también tienen un interesante camino recorrido. No nos quedemos atrás.
Un país más equitativo, eficiente y cohesionado solo será posible con ciudades que crezcan con mayor armonía y de manera integral. Hay métodos conocidos para llegar a resultados. El BID ha desarrollado en la Argentina un programa específico para promover estos temas en áreas metropolitanas del país. El Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) realizó este mes el primer curso sobre estos temas en el MIT Metro Lab. Entre las conclusiones, se compendió la importancia de desarrollar acciones de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo en simultáneo. Así, es necesario que el gobierno nacional se involucre en el armado de una política para las grandes metrópolis. Los gobiernos provinciales, por su parte, deben generar el marco para que los municipios trabajen de manera integrada sobre las cuestiones metropolitanas. Y, al mismo tiempo, es clave que los municipios cooperen para generar lazos entre sus pares. Hay que investigar, concientizar y capacitar a los actores que pueden incidir en la política pública metropolitana. Hoy tenemos una gran oportunidad para lograrlo.