Con respaldo de un sector de la oposición se aprobó el proyecto en las dos cámaras

En medio de una masiva movilización de sindicatos del sector, que coparon las calles del centro de La Plata, la Legislatura bonaerense sancionó ayer el proyecto que deroga el actual estatuto de trabajadores municipales para y lo reemplaza por un nuevo marco regulatorio que contempla las negociaciones paritarias salariales y dispone un tope máximo del 20 por ciento de la planta de empleados como contratados.

El proyecto ya había tenido aprobación en la Cámara de Diputados en septiembre pasado. Pero desde entonces fue centro de una dura negociación que tuvo como eje el Senado entre los intendentes enrolados en la Federación Argentina de Municipios y los la Federación de Sindicatos Municipales de Buenos Aires. En ese marco, se acordaron modificaciones de forma en el texto de la ley impulsada por el diputado del Frente para la Victoria Hernán Doval. De esa manera, fue votado ayer en el Senado y girado inmediatamente a Diputados, donde tuvo sanción definitiva.

La reforma central, que beneficiará directamente a unos 120 mil trabajadores municipales de la Provincia, es la creación de una instancia de negociación salarial colectiva, además del artículo que establece el pago del Salario Mínimo Vital y Móvil que podrá, sin embargo, ser adecuado al régimen de carga laboral de los municipios. Además, establece en ese punto específico la creación de un Fondo Compensador para asistir financieramente a los municipios en la puesta en marcha de estas disposiciones.

Uno de los aspectos más resistidos por los intendentes en la negociación fue la disposición que indica que “en ningún caso el total de los contratados podrá superar el veinte por ciento (20%) de la Planta Permanente”. Sobre este aspecto, en las modificaciones, y a pedido de la oposición, se agregó un párrafo que dispone el cumplimiento “se implementará progresivamente en un plazo máximo de cinco años, a partir de la vigencia de la presente ley, mediante una disminución proporcional anual”.

En rigor, esa y otras disposiciones fueron incluidas en un “capítulo supletorio” de la norma. Es decir, que las medidas allí contenidas entrarán en vigencia si en un plazo de 180 días los municipios no sancionan ordenanzas que regulen las relaciones laborales con sus empleados.

Entre otras disposiciones, también entrará en vigencia la figura del Consejo Consultivo, una instancia provincial no vinculante que deberá reunirse dos veces al año para realizar un asesoramiento en cuestiones de empleo municipal y unificar criterios en torno a los diversos regímenes laborales que surjan de las comunas.

La norma fue sancionada con el voto del FpV, la UCR, el FAP y Celeste y Blanco y el rechazo de los legisladores del Frente Renovador que consideraron que este proyecto no salvaba la ìnconstitiucionalidad que declaró la Suprema Corte sobre 60 artículos de la 11.757.

Antes de la sesión, el gobernador Daniel Scioli visitó el Senado y se reunió con el vicegobernador Gabriel Mariotto, el presidente de la Cámara de Diputados Horacio González, el líder de Fesimubo Rubén García y el jefe de Gabinete Alberto Pérez.