Por Orlando Costa
Los conflictos generados por la transmisión de administraciones en distintos niveles de gobierno, darán paso después de 10 de diciembre a una nutrida agenda con las expectativas de cambio que indicaron las urnas.
La Gobernadora electa de la Provincia de Buenos Aires ya adelantó una serie de iniciativas político institucionales que incluyen modificar el sistema electoral y la forma de votar, la ley de Ministerios, limitación de reelecciones, ética pública, entre otras reformas necesarias en el territorio más importante y más atrasado en varios aspectos.
Los objetivos de transparencia, modernización de la administración pública, mejora de la calidad institucional, suponen incluir también otros cambios para una mejor gestión de gobierno y satisfacción de necesidades ciudadanas.
Sin dudas la seguridad, la educación, la cuestión fiscal, la inversión en infraestructura, son algunos pilares de las nuevas acciones que se esperan.
Así también habrá que encontrar esquemas de gobernabilidad y gobernanza que exceden la compleja trama de acuerdos partidarios legislativos entre distintos referentes políticos.
¿Serán los Intendentes de los 135 municipios, muchos de los cuales son nuevos, protagonistas de los cambios por venir?
En años recientes se presentó un proyecto de regionalización municipal que quedó en nada, también una reforma integral de la Ley Orgánica de las Municipalidades que sufrió el mismo derrotero y la histórica deuda de otorgar autonomía a los municipios como lo establece la Constitución Nacional.
Vidal se refería en campaña a “los vecinos”. Justamente, son los que habitan las ciudades y pueblos de la Provincia, los que están más cerca de sus gobernantes, los que han puesto esperanza en el voto queriendo vivir mejor.
Es sabido, y reconocido en documentos oficiales, que el Estado provincial tiene una pesada burocracia y un modelo de gestión centralizado e ineficiente que le resta capacidades para la prestación de servicios y ejecución de políticas, que resulta débil y lejano en un territorio enorme y heterogéneo y que la compleja agenda metropolitana absorberá mucho tiempo y energía de parte del funcionariado provincial.
Por eso hay que analizar la potencialidad municipal para una nueva institucionalidad y la necesaria reorganización territorial y administrativa con principios de subsidiariedad. Sobran ejemplos para mirar en el mundo en este sentido.
El cambio no pasa por la mejor atención en La Plata y otras empatías políticas coyunturales para repartir recursos. Una nueva política pública debería propender a fortalecer las capacidades locales (del sector público, empresarial y social) en lo institucional, como ya dijimos, pero también en recursos humanos para hacer mejores gobiernos y planificar el desarrollo sustentable; al tejido de una red vincular que sirva para aprovechar y crear oportunidades en el mundo del conocimiento, de las innovaciones, de los avances tecnológicos; a una redistribución de recursos económicos, población, servicios e infraestructura para una dinámica territorial menos ociosa.
Hasta ahora todas las propuestas de campaña no han considerado a las ciudades, los territorios, el invento humano donde se producen las relaciones, el desarrollo económico y social.
A la hora de gobernar surgirá nuevamente una gran oportunidad de cambiar viejos paradigmas para ofrecer alta calidad de vida en todos los lugares como se ha prometido.